Ecuador: Presidente disuelve el Congreso y llama a elecciones

Ecuador está en una severa crisis política luego que este miércoles el presidente de la nación, Guillermo Lasso, decidiera disolver el Congreso de su país. Además de esta determinación, llamó a elecciones anticipadas tanto presidenciales como de legisladores.

El mandatario resolvió la disolución un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra, y lo hizo apelando al artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, conocido como «Muerte Cruzada».

En redes sociales, Guillermo Lasso, explicó que “esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y la conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”. Más adelante el mandatario compartió otra imagen y afirmó: “El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social«.

Motivos para la disolución

Guillermo Lasso justificó su decisión al decir que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo buscan desestabilizar al gobierno con un juicio infundado”. Agregó que la Asamblea Nacional ha acosado a sus ministros, impidiendo el desarrollo de su plan de trabajo propuesto para su período de gobierno.

Cabe recordar que, Lasso comenzó a gobernar bajo decretos ley que deberán contar con la aprobación de la Corte Constitucional. De hecho, informó que firmó el primer decreto ley sobre ajustes en la economía y anunció que será trasladado al tribunal correspondiente.

Dentro de los ajustes presentados destaca la nueva reforma tributaria como parte de un proyecto económico. El presidente ecuatoriano, indicó que US$ 195 millones se quedarán en los hogares ecuatorianos para financiar los gastos de salud, educación, alimentación y recreación. “Esta ley es urgente porque se trata de inyectar dinero en el menor tiempo posible a las familias y, a su vez, a la economía nacional”, explicó.

Con la decisión de Lasso, los legisladores deberán abandonar sus asientos. Si no lo hacen, incurrirían en desacato por lo que la Fiscalía y la Policía podrían detenerlos en flagrancia y obligarlos a dejar la sede del Legislativo.