Ecuador enfrenta una situación compleja marcada por una economía ralentizada, una reducida atracción de inversión y problemas para cubrir el gasto fiscal, en un contexto en el que el Gobierno de transición enfrenta desafíos como el empleo y la seguridad, en medio de una inusitada violencia que golpea a la nación sudamericana.
El desempleo cerró en 3,8 por ciento en el tercer trimestre de 2023, mientras que la tasa de homicidios cerraría este año en 40 por cada 100.000 personas, lo que situaría a Ecuador entre los países más violentos de la región. El propio presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder el pasado 23 de noviembre para un corto gobierno de 18 meses, admitió que «la situación es muy dura y el Ecuador está en su peor momento«, al anunciar el envío al Congreso de un proyecto de reforma tributaria clave para generar recursos ante la precaria situación económica.
La reforma tendrá un impacto fiscal de aproximadamente 832 millones de dólares en 2024, con los que el gobierno busca fortalecer la seguridad, el empleo y la protección a los más vulnerables. Según el Gobierno, la situación actual de Ecuador es la de un «país empobrecido» con la «peor historia» de la caja fiscal con apenas 184 millones de dólares en la cuenta del tesoro nacional hasta la última semana de noviembre pasado.
Además, acumula atrasos en pagos por 2.872 millones de dólares en el Presupuesto del Estado y un déficit fiscal que superará los 5.000 millones de dólares, equivalente al 5 por ciento del PIB, proyectado al cierre de 2023. Adicionalmente, un saldo de la deuda pública y otras obligaciones por 59.895,9 millones de dólares a septiembre pasado, que equivalen al 49,53 por ciento del PIB.
El analista y consultor económico Alberto Acosta Burneo dijo a Agencia Xinhua que el país atraviesa por una triple crisis fiscal, de empleo y de productividad, con una inversión detenida y un acelerado crecimiento del gasto corriente al finalizar el año.
«El déficit se ha disparado en lo que va del año y nos encontramos en una situación fiscal tremendamente complicada, donde el Gobierno tiene dificultades para financiar el presupuesto y donde ha tenido que recurrir hasta fondos de la banca pública para pagar sueldos de noviembre, porque no tenía de donde pagar, no se diga los de diciembre», indicó.
Apuntó que la reforma tributaria ayudará a que no se abra la brecha fiscal en 2024, ya que compensará una caída de recaudaciones tributarias tras finalizar medidas adoptadas en el anterior Gobierno. El especialista sostuvo que el tema de fondo es que el Gobierno muestre el «resto de las cartas» que tiene para poner en orden las cuentas fiscales.
«Para solucionar la crisis fiscal, el resto de las cartas tiene que venir por el lado de la priorización del gasto y la focalización de subsidios«, apuntó, tras señalar que, aunque pueden ser medidas de ajuste impopulares y con costo político, lo debería hacer de una manera planificada.
«Esto ya no es una cuestión de voluntad, si es que no lo hace de una manera planificada, lo va a tener que hacer de una manera reactiva y a la fuerza como resultado de las dificultades del déficit fiscal», señaló.
Apuntó que frente a la crisis, «la solución no es seguir endeudándose para posponer el ajuste, además de que esa opción ya no es viable porque los inversionistas internacionales se han dado cuenta de la dificultad que tiene el país y la posibilidad tan alta de que no pague las cuentas».
El Banco Mundial pronosticó en octubre pasado que en 2023 la economía ecuatoriana crecerá 1,3 por ciento y en 2024 el 1,90 por ciento, mientras que el Banco Central de Ecuador prevé que para este 2023 sea del 1,5 por ciento y para 2024 del 0,8 por ciento, de acuerdo con la última actualización.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional afirmó en un reciente informe que el acceso de Ecuador a crédito de mercados internacionales «no ha sido restaurado debido a la incertidumbre política y a las grandes vulnerabilidades fiscales, incluida la fuerte dependencia de los ingresos del gobierno de los volátiles precios del petróleo«.
