La legalización de la minería en tierras indígenas y otras áreas protegidas de la selva amazónica de Brasil llevaría a miles de kilómetros cuadrados en nueva deforestación, según un estudio entregado por expertos en materia medioambiental asociada a desarrollos económicos y mineros.
Según Reuters, el presidente Jair Bolsonaro ha pedido nuevas explotaciones mineras en áreas protegidas de la selva amazónica, argumentando que la minería informal debe ser legalizada para ayudar a sacar a la región de la pobreza.
Los defensores de la legalización argumentan que la industria estaría más regulada y, por lo tanto, conservaría la cobertura de la selva tropical, pero los autores del estudio encontraron que este no era el caso. El estudio demostró que tales políticas pondrían en peligro la mayor selva tropical del mundo, acelerando la deforestación que alimenta el cambio climático.
Publicado en la revista Nature Sustainability, el estudio modeló lo que sucedería si se abrieran a la minería diez zonas de los estados norteños de Amapa y Pará, entre las que se encuentran la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca), de acceso prohibido, dos territorios indígenas y varias reservas naturales.
Eso permitiría explotar unos 242 yacimientos más de oro, cobre y otros minerales, según el estudio. Pero ese desarrollo también llevaría a la deforestación de unos 7.626 kilómetros cuadrados (un área mayor que el estado estadounidense de Delaware) en los próximos 30 años. Los investigadores compararon esa cifra con los 4.254 kilómetros cuadrados de deforestación estimados si las protecciones continúan en su forma actual.
«El estudio esboza el tamaño del daño y lo que puede ocurrir si este Gobierno sigue promoviendo la minería en las áreas protegidas«, dijo Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), que no participó en la investigación.
Las minas en sí mismas crearían relativamente poca deforestación directa, pero la construcción de nuevas carreteras para llegar a ellas permitiría a los madereros ilegales, a los acaparadores de tierras y a los ganaderos un acceso más fácil a partes relativamente intactas de la selva. «La destrucción potencial sería aún mayor si se aplica la misma metodología en toda la Amazonia«, según Juliana Siqueira-Gay, ingeniera ambiental y autora principal del estudio.
Las nuevas zonas de explotación minera se encuentran a menudo en algunas de las áreas más biodiversas del planeta y sólo deberían abrirse si se han establecido planes para evitar esta destrucción adicional, dijo Siqueira-Gay, que realizó el estudio mientras estaba en la Universidad de Sao Paulo y ahora trabaja en el grupo de reflexión sobre sostenibilidad Instituto Escolhas.
Philip Fearnside, ecologista del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA), dijo que el estudio aporta información al debate político al cuantificar lo que está en juego, pero sostiene que los autores del estudio deberían ir más allá.
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