A lo largo de la historia del Ecuador, el país sudamericano ha recurrido al apoyo del Gobierno estadounidense para una serie de vínculos que han permitido acordar importantes Tratados Comerciales que buscan favorecer el desarrollo económico de la nación.
En concreto, El Universo recuerda en su publicación que, en 1999, el Gobierno de los Estados Unidos, tras negociaciones con el Gobierno ecuatoriano presidido por el entonces presidente Jamil Mahuad, logra que se le concedan instalaciones en la base de Manta hasta el 2009, con el argumento de luchar contra el narcotráfico y el flujo ilegal de migrantes. Durante 10 años, esa nación desarrolla actividades militares en colaboración con el Estado ecuatoriano, a través de un convenio intergubernamental, que incluía garantías extraordinarias a su personal.
Rafael Correa en el 2006 fue electo presidente e inició su mandato el 15 enero del 2007 bajo la denominación “socialismo del siglo 21″. Correa fue reelecto en dos periodos en el 2009 y el 2013, estando en el poder durante una década. En su propuesta de campaña, Correa anunció que no existiría una renovación de los acuerdos militares con los Estados Unidos, argumentando que afectaban a la soberanía del espacio aéreo y marítimo del Ecuador.
La Constitución garantista del 2008, confirmó la absoluta prohibición de instalación o funcionamiento de bases militares extranjeras permanentes en el país. En tal virtud, Estados Unidos es notificado y abandona las instalaciones militares en Manta en 2009.
Tras 10 años de relaciones complicadas e incluso antagónicas, el presidente Lenin Moreno, retomó el contacto y vigorizó las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, entonces gobernados por Donald Trump.
En el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza se suscriben compromisos orientados a mejorar la cooperación en comercio, migración y seguridad en un momento en que la violencia emparentada al narcotráfico impactó en el país latinoamericano. Los dos países suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU) en materia de seguridad y paz que supondrá la inversión de más de tres mil millones de dólares hasta 2030.
Se suscribió en Washington este acuerdo en busca de modernizar y mejorar la capacidad operativa de las FF. AA. ecuatorianas. El acuerdo establece el desarrollo de políticas conjuntas contra el crimen organizado y el narcotráfico, uno de los cuatro ejes contemplados en el instrumento.
Esta nueva fase de la ayuda militar norteamericana en Ecuador, ahora ratificada por el presidente Daniel Noboa Azín, se produce en un ambiente de incertidumbre, por la violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado así como por las eventuales repercusiones para la soberanía del país e impacto geopolítico regional.
