La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que se podrían generar hechos violentos por la presencia de un supuesto grupo paramilitar en una zona andina donde se tramitan permisos para desarrollar la mina La Plata, concesionada a la minera canadiense Atico Minning.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en una declaración de prensa, aseguró que su movimiento ha decidido «defender, con todo lo que ello significa, los territorios» donde habitan comunidades indígenas y campesinas que son blanco de intereses de corporaciones mineras extranjeras apoyadas por el Gobierno. Iza denunció que sujetos armados, identificados a sí mismos como «Junta de defensa del campesinado«, se habían congregado en la zona de Palo Quemado, en el cantón (municipio) de Sigchos, en la provincia andina de Cotopaxi.
Según el líder indígena, esos sujetos, que portan armamento, han efectuado controles no autorizados en una carretera del sector y solicitado a la población documentos. Además, habrían intimidado a una veintena de campesinos cuando se dirigían a una reunión de la comunidad, e ingresado por la noche a viviendas de la zona vecina de San Pablo para proferir amenazas a quienes se oponen al proyecto minero La Plata en esa región.
La presencia del grupo armado, que según Iza mantiene coordinaciones con las fuerzas de seguridad del Estado (militares y policías), se encuentra en los sectores de Las Palmas y Palo Quemado, donde se el Gobierno busca realizar las consultas que ordena la legislación para poder otorgar las licencias correspondientes a la empresa minera.
Sobre el proceso minero en ese sector ya se pronunció en noviembre pasado la Corte Constitucional, recordó el presidente de la Conaie, al señalar que ese tribunal declaró inconstitucional una consulta minera efectuada en 2023 por el Ministerio del Ambiente, amparada en un decreto que emitió el entonces mandatario del país, el conservador Guillermo Lasso.
Ese proceso de consulta, que también fue rechazado por el movimiento indígena, estuvo salpicado por enfrentamientos entre manifestantes antimineros y la fuerza pública con un saldo, según recordó Iza, de seis campesinos heridos, dos de ellos de gravedad. El líder de la Conaie dijo que el Gobierno, ahora presidido por el empresario Daniel Noboa, pretende insistir en el proceso de consulta en beneficio de la compañía minera canadiense.
«Responsabilizamos al Gobierno nacional y al presidente Daniel Noboa por incrementar el riesgo de enfrentamientos civiles violentos, favoreciendo intereses extranjeros y exacerbando conflictos sociales y ambientales», declaró el líder de la Conaie.
«Denunciamos también la planeación de una consulta ambiental engañosa por parte de Atico Minning, con la complicidad del Gobierno y el Ministerio del Ambiente», que se pretendería «imponer por la fuerza» y contra la decisión del Constitucional, agregó Iza. «En este país no hay cabida para la minería«, por el peligro ambiental que supone esa industria y porque en Ecuador «no hay territorios abandonados», pues todo el país tiene fuentes hidrológicas importantes que son la base para el bienestar de toda la población, apostilló el presidente de la Conaie.
De su lado, publica Agencia EFE, el Ministerio del Ambiente, en un comunicado, confirmó su intención de llevar adelante el proceso de consulta en el área de la concesión minera La Plata, donde se prevé existe un yacimiento de oro, plata y cobre.
El Ministerio replicó a Iza y, aunque no se refirió al supuesto grupo paramilitar, señaló que rechaza «los actos de violencia perpetrados en la parroquia Palo Quemado en contra de funcionarios que realizaban la entrega de convocatorias para el proceso de participación ciudadana, mientras cumplían su trabajo con base a la normativa y a las decisiones de la Corte Constitucional».
Además, afirmó que «se han coordinado acciones de seguridad con las instituciones correspondientes a fin de que el derecho de las comunidades de la zona de influencia directa a ser informadas y consultadas, sea respetado».
En noviembre pasado, la Corte Constitucional declaró inconstitucional por la forma el Decreto 754 que reformaba el Código Orgánico del Ambiente y que el Gobierno de Lasso había emitido para hacer consultas ambientales en zonas de proyectos de inversión, incluidos los extractivos, lo que generó la oposición indígena.
La Corte incluso dio razón a la Conaie por invocar regulaciones internacionales sobre el procedimiento «consulta previa, libre e informada» a las comunidades, en protección de sus territorios y culturas.
