El comercio ilegal y contrabando en América Latina y Caribe moviliza más de US$210.000 millones en productos al año, lo que equivale a 2% del PIB regional, así lo afirmó el último reporte de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC).
Tal como publica Diario La República, y por medio de la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del comercio ilegal (Cima), se han identificado más de 100 rutas de redes criminales en la región y se registraron los datos desagregados de algunos países en América Latina. En Colombia se estimó que del total de la mercancía que ingresó a entre 2018 y 2022, 10% fue contrabando. Y para 2022 el valor del contrabando superó US$8.800 millones.
“Colombia enfrenta una situación preocupante, pero no es la más crítica en comparación con otros países de la región. Venezuela emerge como el país más golpeado por el contrabando, exacerbado por la crisis económica y la falta de control gubernamental, lo que convierte a sus fronteras en un hervidero de actividades ilícitas”, dijo Diego Lagos, experto en comercio exterior de la Universidad Ean.
En Ecuador la situación es más dramática, pues se estimó que 40% del comercio de 2023 era ilegal. Esto desembocó en que el comercio ilícito generara $1.040 millones de pérdidas fiscales en dos sectores, tabaco ($1.000 millones) y textiles ($40 millones).
En Bolivia, para 2022 la economía ilegal representó 8% de su PIB, y en el mismo año, el valor del comercio ilícito estimado por Cima fue US$3.300 millones, y hubo US$930 millones de pérdida de recaudación fiscal.
Entre los productos más afectados están partes y accesorios para vehículos, aparatos electrónicos, productos farmacéuticos, combustibles y tabaco. Por ejemplo, se estima que en Chile la tasa de cigarrillo de origen ilegal se acercó a 50% en 2023, a mitad de los cigarrillos que se consume hoy en Chile es de contrabando; con la inmensa cadena de valor que eso significa para la delincuencia”, dijo Carlos Gajardo, exfiscal experto en delitos económicos de Chile en el noveno Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando que se realizó en Bolivia el mes pasado.
Después de tener un balance de la penetración del contrabando, en esta reunión se presentaron estrategias para enfrentar la problemática que fueron consolidadas en 10 mesas sectoriales en las que participaron 97 entidades públicas y privadas de Latinoamérica. La esencia de todas ellas es la cooperación público – privada y entre países, entre ellas está fortalecer la coordinación de políticas de estado para que vayan más allá de un periodo de gobierno.
Los gobiernos tendrían que armonizar las normas regionales y la forma en la que se tipifican los delitos asociados al comercio ilícito y el contrabando. También se tendría que mejorar la trazabilidad de las transacciones internacionales y propiciar el uso de la inteligencia artificial en las aduanas de la región. Finalmente, en acciones dirigidas a la ciudadanía, se tendrían que emplear campañas de concientización y sensibilización.
