Ante una creciente ola de violencia que sacude Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha decidido tomar cartas en el asunto, renovando el estado de excepción en todo el territorio nacional. Este acto, que busca frenar la «grave conmoción interna», amplía las restricciones de ciertas libertades por 30 días más, en un esfuerzo concertado para mantener el orden público y hacer frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Según publica El Nuevo País, el decreto presidencial subraya el propósito fundamental del estado de excepción: «garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica». Para ello, se establece que tanto la policía como las fuerzas armadas deben operar dentro del marco legal ecuatoriano, asegurando al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, este equilibrio entre seguridad y libertad siempre genera debate, especialmente cuando se trata de medidas que impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Una de las restricciones más notables impuestas es el toque de queda zonificado, que limita la libre movilidad desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada en las áreas identificadas como de alta peligrosidad. Esta medida se relaja en regiones consideradas menos riesgosas, en un intento por adaptar las restricciones a la realidad específica de cada zona.
Además, el decreto limita el derecho de reunión y la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, aspectos que han levantado preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión.
Particularmente, la disposición sobre la correspondencia, destinada a «la identificación, análisis y recopilación de mensajes» relacionados con actividades ilícitas, ha suscitado interrogantes sobre cómo se equilibrará esta medida con el respeto a los derechos individuales.
