Imagina esto: llevas a tu hijo al colegio por la mañana, y cuando vas a buscarlo por la tarde, seis familias en Ecuador han perdido a un ser querido en la carretera. Al caer la noche, ese número habrá llegado a once. Esto no es una estadística. Es un día cualquiera en Ecuador.
Un estudio del Banco Mundial cuantifica una crisis que durante mucho tiempo se ha tratado como un hecho inevitable. Los hallazgos son más graves de lo que se sabía, y hay más margen para actuar de lo que la mayoría imagina.
Una crisis a plena vista
Ecuador es uno de los países más peligrosos de América Latina en materia de seguridad vial, con una tasa de mortalidad de 23 muertes por cada 100,000 habitantes, casi un 50% por encima del promedio regional. Y es probable que esa cifra esté subestimada. La agencia nacional de tránsito solo registra las muertes ocurridas en el lugar del siniestro. El registro civil nacional de defunciones, que también incluye a quienes fallecen en el hospital a causa de sus heridas, reportó casi el doble de muertes en 2023.
Los siniestros de tránsito en Ecuador no son aleatorios. Tres de cada cuatro personas que mueren o resultan gravemente heridas son peatones, ciclistas o motociclistas: personas que dependen de dos ruedas o de sus propios pies para llegar al trabajo y sostener a sus familias. Más del 83% de los fallecidos son hombres de entre 18 y 45 años, generalmente el principal sostén del hogar.
Las consecuencias no terminan al borde de la carretera. Una encuesta de hogares del Banco Mundial aplicada a víctimas de siniestros y sus familias en Quito y Guayaquil reveló que uno de cada diez hogares que no eran pobres antes de un siniestro grave cayeron en la pobreza como consecuencia directa. Seis de cada diez familias afectadas perdieron ingresos de inmediato, y la mayoría no contaba con seguro médico ni de vida.
Las mujeres cargan con una parte desproporcionada de este peso. Cerca del 80% de quienes terminan cuidando a tiempo completo a un familiar gravemente herido son mujeres, muchas de las cuales abandonan el mercado laboral por completo. Los siniestros de tránsito no son solo una emergencia de salud pública. Son uno de los mecanismos más poderosos de empobrecimiento en el Ecuador de hoy.
El costo económico
El costo económico total de los siniestros de tránsito en Ecuador asciende a USD 5,480 millones al año, más del 5% del PIB. El costo directo para el Estado es de USD 267 millones anuales: hospitales públicos atendiendo a los heridos, pensiones para las familias que perdieron a su sostén económico, y servicios de emergencia respondiendo a cada siniestro. Y esa cifra no incluye la reparación de infraestructura vial dañada, lo que elevaría aún más el total.
Solo el costo fiscal directo, USD 267 millones al año, alcanzaría para financiar varias veces un programa nacional serio de seguridad vial. Este no es un problema de recursos, sino de voluntad y decisión. El gobierno ya está pagando por esta crisis. La pregunta es si seguirá haciéndolo después de cada tragedia, o si preferirá invertir una fracción de ese dinero por adelantado para evitar que las muertes sigan ocurriendo.
Sin medidas concretas, la situación seguirá deteriorándose. Las motocicletas, la categoría de mayor riesgo, crecen a un ritmo del 11% anual. Ecuador se comprometió ante las Naciones Unidas a reducir a la mitad las muertes en carretera para 2030. Sin embargo, las tendencias actuales apuntan en sentido contrario.
El camino a seguir
La buena noticia es que estas muertes no son inevitables. Los países que han logrado reducciones sostenidas comparten una fórmula común: una institución nacional dedicada a la seguridad vial con mandato legal y recursos propios; sistemas de datos que integren los registros de la policía, el sector salud y los seguros; e inversión dirigida a las vías y los usuarios de mayor riesgo. Donde los gobiernos han construido esta base, los resultados llegan.
Tres prioridades son clave para Ecuador. La primera es una agencia nacional de seguridad vial con autoridad real para coordinar entre ministerios, un mandato anclado en la ley y no en la buena voluntad de turno, y un presupuesto dedicado y plurianual que no esté sujeto a los vaivenes políticos. Todo país que ha logrado reducir sostenidamente sus muertes de tránsito ha empezado por aquí; sin ese ancla institucional, ninguna inversión se sostiene y ningún resultado es medible.
La segunda es una plataforma unificada de datos sobre siniestros que integre los registros de la policía, la salud y los seguros, para que quienes toman decisiones puedan dirigir los recursos donde más vidas se salvan y verificar si esas inversiones están dando resultado.
La tercera es inversión focalizada en los corredores de mayor riesgo: mejor diseño vial, intersecciones más seguras, control de velocidades e infraestructura de protección para peatones y motociclistas, acompañada de fiscalización sostenida. No son intervenciones experimentales. Son medidas probadas, y el Banco Mundial ha acompañado a países de toda América Latina en el diseño y financiamiento de exactamente este tipo de programa.
Un programa estructurado en torno a estas tres prioridades podría evitar, de forma conservadora, alrededor de 4,500 muertes entre 2027 y 2034, y generar ahorros fiscales que recuperarían la mayor parte de la inversión en un horizonte de ocho años. El argumento para actuar no es solo humanitario. Es económico, y los números lo respaldan.
Los datos son claros. El camino también. Lo que Ecuador decida hacer a continuación determinará si las familias que lleven a sus hijos al colegio mañana podrán contar con un regreso seguro a casa.
