La Cámara de Industrias, Producción y Empleo y la Cámara de Minería de Ecuador han solicitado mayores garantías de estabilidad y seguridad jurídica para el sector minero y rechazaron la celebración de consultas populares contra actividades extractivas.
En un comunicado conjunto, ambos gremios demandaron más estabilidad para desarrollar proyectos mineros a gran escala que exigen inversiones a largo plazo, sin el riesgo de que la población impulse un plebiscito que ordene la paralización y desmantelamiento de las minas.
Este auge minero de Ecuador se debe principalmente a las dos minas a gran escala que comenzaron a funcionar desde 2019: la cuprífera Mirador y la aurífera Fruta del Norte, ambas en la sureña provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, lo que situó a los minerales como el cuarto producto con mayor valor de exportaciones de Ecuador, solo superado por el petróleo, el camarón y el banano.
Sin embargo, ya se han celebrado dos plebiscitos en el país latinoamericano contra actividades extractivas que lograron un amplio apoyo de la población, tanto para cesar la explotación en la Amazonía del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos de petróleo más importante del país, como la prohibición de hacer cualquier tipo de minería en el Chocó Andino, un espacio de bosques andinos situado parcialmente dentro del área metropolitana de Quito.
El futuro del país no puede estar condicionado a consultas populares y decisiones judiciales impulsadas por ciertos sectores que no representan a la totalidad de la población, y menos aún a las zonas que más necesitan esos ingresos, apuntaron las dos cámaras en su comunicado.
Además, en el comunicado también expresaron que varias de estas decisiones ocurren años o décadas después de que las empresas ya establecieron sus operaciones de exploración en el país, lo que representa millonarias inversiones, provocando que los inversionistas perciban un alto riesgo para aterrizar su capital y prefieran irse de territorio ecuatoriano.
Los dos gremios recordaron que, debido a esto, el país enfrenta algunos arbitrajes internacionales que, en caso de resolverse desfavorablemente para el Estado, el país deberá pagar indemnizaciones millonarias.
Por lo que, desde la Cámara de Industrias y la Cámara de Minería aseveraron que la prohibición de las actividades mineras legales y formales no acabará con la explotación de los recursos ya que como efecto opuesto, aumentarán las amenazas del avance de la minería ilegal y los delitos conexos como el tráfico de personas y de especies, la tala ilegal y el narcotráfico.
