La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país andino, manifestó su apoyo a las protestas que desde hace un mes se registran en Panamá contra el contrato firmado con una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) y exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña que lo declare inconstitucional.
«Sabemos lo que significa defender la vida y la naturaleza frente al modelo extractivista y depredador«, señaló la Conaie en un comunicado publicado a través de sus canales oficiales y que fue replicado por Agencia EFE.
Esta organización, que agrupa a catorce nacionalidades indígenas que habitan el territorio ecuatoriano en la sierra andina y en la Amazonía, exhortó a la Corte Suprema panameña «a tomar decisiones justas y legales, considerando la invalidez del nuevo contrato con Minera Panamá, en defensa de los derechos de las comunidades locales y la preservación ambiental».
La Conaie también expresó su «profunda admiración y respaldo» a los manifestantes que desde hace más de un mes están protagonizando las mayores protestas en décadas en el país centroamericano para librar «una lucha en defensa de su país, especialmente en lo que respecta al corredor biológico».
«La protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad son responsabilidades globales y resaltamos la relevancia de la región afectada para el equilibrio climático y biológico del planeta», concluyó.
La Corte Suprema de Justicia inició una sesión permanente para debatir y analizar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
La expectación en Panamá es máxima ante una posible declaración de inconstitucionalidad que ponga fin a más de un mes de protestas, en las que los continuos cortes en las principales carreteras del país han desencadenado una crisis de abastecimiento, dejando semiparalizado el país.
El contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica fue ratificado el pasado 20 de octubre por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, tras ser aprobado de manera exprés en los obligados tres debates parlamentarios.
