El crimen y la violencia no solo dejan víctimas y daños materiales. También representan un costo para las economías de América Latina y el Caribe, donde los efectos alcanzan a gobiernos, empresas, familias y comunidades.
Un análisis regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llamado “Los Costos del Crimen y la Violencia” “Ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe”, estima que los costos directos del crimen llegaron a 3.44% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe, una proporción que prácticamente no mostró cambios respecto de años anteriores.
El impacto incluye los recursos destinados a seguridad y justicia, los daños derivados de los delitos y las pérdidas relacionadas con el capital humano. Pero la factura también se extiende a actividades como el turismo, el empleo y la productividad empresarial.
La violencia, además, modifica la vida cotidiana. El temor puede llevar a las personas a cambiar sus recorridos, limitar actividades de ocio, modificar decisiones laborales o evitar determinados lugares, mientras las empresas enfrentan mayores costos y obstáculos para operar.
La violencia también golpea la economía
Los efectos indirectos pueden ser todavía más amplios. El análisis señala que mayores niveles de violencia están relacionados con reducciones en la actividad económica, la productividad y la inversión, además de impactos sobre el mercado laboral.
Las empresas ubicadas en entornos con mayor criminalidad pueden enfrentar menores niveles de producción, mayores costos de seguridad y dificultades para expandirse. La percepción del crimen también puede convertirse en un obstáculo para las operaciones empresariales.
El turismo es otro de los sectores afectados. El análisis regional encuentra una relación negativa entre las tasas de homicidio y la llegada de visitantes, particularmente cuando los niveles de violencia permanecen elevados durante varios años.
En el ámbito laboral, la violencia puede reducir oportunidades de empleo e ingresos. Los efectos también alcanzan a trabajadores calificados e independientes, mientras que en zonas más inseguras algunas personas pueden cambiar de empleo o desplazarse hacia lugares considerados más seguros.
Homicidios, salud y educación: el costo que no aparece en una factura
El costo de la violencia también se refleja en el capital humano. Los homicidios representan una pérdida asociada a la muerte prematura, mientras que los delitos no letales pueden generar lesiones, afectaciones psicológicas, pérdida de productividad y gastos de atención. La exposición a hechos violentos también puede afectar a quienes no fueron víctimas directas. El temor, la ansiedad y el estrés pueden modificar la calidad de vida y las decisiones cotidianas de las personas.
La educación tampoco queda al margen. La violencia relacionada con el crimen puede asociarse con menor asistencia escolar, mayor ausentismo, problemas de rendimiento y abandono de los estudios. También puede dificultar la permanencia de profesores en determinadas zonas.
En la infancia, los efectos pueden comenzar incluso antes del nacimiento. El análisis recoge estudios que relacionan la exposición a violencia durante el embarazo con mayores riesgos de bajo peso al nacer y parto prematuro, particularmente entre poblaciones en condiciones socioeconómicas desfavorables.
Menos confianza y más presión sobre las instituciones
El impacto social también alcanza la relación entre ciudadanos e instituciones. La victimización y la percepción de inseguridad pueden reducir la confianza en la policía, las autoridades y otros organismos públicos.
La violencia también genera gastos para los gobiernos. Policías, fiscalías, tribunales y sistemas penitenciarios requieren recursos para responder a los delitos, mientras las familias y empresas destinan dinero a medidas de prevención y protección.
A esto se suma el costo de oportunidad. Recursos económicos y humanos que podrían utilizarse para educación, infraestructura, salud o innovación terminan destinados a prevenir, atender o responder a hechos delictivos.
El análisis advierte que medir todos estos efectos no es sencillo. Mientras algunos costos pueden calcularse a partir de presupuestos, gastos o pérdidas de ingresos, otros —como el miedo, el estrés o los cambios de comportamiento— son más difíciles de cuantificar.
Por ello, el estudio plantea la necesidad de mejorar la información disponible sobre fenómenos como el crimen organizado y los ciberdelitos, además de fortalecer las metodologías para conocer el impacto real de la violencia en las sociedades.
Contexto
El costo directo del crimen en América Latina y el Caribe equivale a 78% del presupuesto público destinado a educación y al doble del gasto en asistencia social. Además, representa 12 veces la inversión regional en investigación y desarrollo.
El sector privado concentró 47% de los costos directos del crimen; el sector público representó 31% y las pérdidas asociadas al capital humano, 22%. El gasto empresarial en seguridad alcanzó 1.6% del PIB en los 22 países analizados.
Por regiones, el Caribe registró el mayor costo directo, con 3.83% del PIB, seguido de Centroamérica con 3.46%, la región Andina con 3.22% y el Cono Sur con 3.2%. El costo económico asociado específicamente a los homicidios representó 0.45% del PIB regional en 2022, frente a un promedio de 0.17% en otras regiones del mundo.
