Los bancos de Ecuador, en aplicación de la normativa vigente, reportan de manera oportuna y periódica a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) aquellas operaciones o transacciones económicas que sobrepasan el umbral determinado en la norma, así como las operaciones inusuales, sospechosas o injustificadas, que salen del perfil transaccional regular del cliente.
Sin embargo, no son responsables ni conocen las acciones que se toman a partir de dicha información, señala un informe de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).
Además, especifica El Universo en su publicación, los bancos proveen de toda la información y documentación que tanto la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía General del Estado, así como el Servicio de Rentas Internas (SRI) requieren como parte de las investigaciones de casos que se encuentren bajo su jurisdicción, indica el gremio.
El número de reportes de operaciones sospechosas, constituido por operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, que son los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas que no guardan correspondencia con su perfil económico y financiero, sumó 4.289, es decir, en promedio se realizaron 12 reportes diarios durante 2022.
Tal como se dijo, los bancos reportan, pero no son responsables ni conocen las acciones que las autoridades toman con base en la información que reportan y el resultado de estas. “Los bancos no están en conocimiento de si las operaciones o acciones que reportan configuran o no como un hecho ilegal, dado que la UAFE y la Fiscalía consolidan toda la información del sistema y son quienes determinan si un hecho es sujeto de investigación o no”, señala Asobanca.
En rigor, los reportes que realizan los bancos ecuatorianos son de carácter reservado y la UAFE no los hace públicos, ya que podrían interferir en las investigaciones de las autoridades competentes.
“Proactivamente los bancos privados, a través de Asobanca, han impulsado y seguirán impulsando mesas de trabajo con los distintos organismos de control para elaborar una hoja de ruta que tenga como objetivo el analizar las tipologías de lavado de dinero e identificar acciones que les permitan hacer frente a los posibles casos de corrupción”, dijo Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca.
La banca privada debe cumplir procesos y controles para el cumplimiento de la normativa ecuatoriana, así como políticas nacionales e internacionales en materia de prevención del lavado de activos, informa Asobanca.
El sistema financiero aprobó el proceso de Evaluación Mutua realizado por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), que evaluó el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas sobre la base de la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
“La aprobación de esta evaluación demuestra que los bancos privados han realizado y continúan realizando importantes esfuerzos en materia de identificación y evaluación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, indica un reporte de Asobanca.
El informe de evaluación mutua del Ecuador realizado por Gafilat indica que los sujetos obligados financieros (bancos) presentan un nivel más alto de comprensión de los riesgos de lavado de activos y una mayor madurez en la implementación de medidas de mitigación.
La evaluación fue realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
